PARRAL.- Elementos de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas,
cumplimentó en la ciudad de Parral, una orden de aprehensión en contra de
una persona del sexo masculino identificado como Juan Ch. P., por el
delito de Secuestro con Penalidad Agravada, por hechos ocurridos en el
año 2020.
En su momento las autoridades establecieron que el detenido se ostentaba como Coordinador del PRD en el municipio de Parral, situación que levantó más comentarios en el mundo de la política en el estado.
Tras la continuación de las investigaciones, se obtuvieron elementos
suficiente para solicitar diversas órdenes de aprehensión, por lo cual,
durante el operativo realizado en dicha ciudad, se logró la aprehensión
de la persona mencionada.
De acuerdo con las indagatorias del caso, el día 02 de octubre del año
2020, el detenido participó en la privación de la libertad en perjuicio
de su víctima para obtener un beneficio económico.
Se estableció que los participantes mantuvieron retenida contra su
voluntad a la víctima en la localidad de Santa Bárbara y luego en
diversos lugares, al tiempo que exigían la entrega de una fuerte suma de
dinero para dejarlo en libertad, utilizando en todo momento violencia
física, moral y el uso de armas de fuego.
Con base en la presión ejercida, lograron hacerse de diversas sumas de
dinero en cheque, de un inmueble y de un vehículo.
A raíz de las evidencias encontradas, el 06 de enero de este 2022 se
solicitaron las órdenes de aprehensión, una de ellas en contra de Juan
Ch. P., por la comisión del delito de Secuestro con Penalidad Agravada,
obsequiada por un juzgado del Sistema Penal Acusatorio del Distrito
Judicial Hidalgo.
Ayer, 07 de enero a las 15:50 horas, se realizó el operativo en la calle
9 de Mayo, de la colonia Héroes de la Revolución de la ciudad de Parral,
en donde los agentes de la Fiscalía Especializada en Operaciones
Estratégicas, lograron la detención del presunto responsable, para
posteriormente trasladado al CERESO Estatal número 1, de Aquiles Serdán,
Chihuahua.
De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume
inocente mientras no se declara su responsabilidad mediante sentencia
emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de
Procedimientos Penales).



