Por: Ramsés Hernández Cansino
Culiacán, Sinaloa. – En la narrativa del narcotráfico, las palabras no solo describen la realidad, la configuran. En México, el término “cártel” se ha convertido en una etiqueta omnipresente para referirse al crimen organizado: estructuras jerárquicas que controlan la producción, distribución y comercialización de drogas, ejerciendo su poder mediante violencia y corrupción. Sin embargo, al cruzar la frontera hacia Estados Unidos, estas mismas dinámicas operan bajo el radar de un lenguaje que las invisibiliza.
Las redes estadounidenses que distribuyen las drogas mexicanas, aunque esenciales en la cadena del narcotráfico, rara vez son reconocidas como parte del problema estructural. No se les llama cárteles, ni redes organizadas; no tienen un nombre que las sitúe en la narrativa del conflicto.
Esta omisión no es un accidente, sino una construcción política que refuerza una narrativa binaria: México como productor y exportador; Estados Unidos como víctima de su propia demanda.
El gobierno mexicano ha evidenciado repetidamente la conexión entre las redes transfronterizas, subrayando la corresponsabilidad de ambos países. Sin embargo, ha fallado en su capacidad para nombrar estas estructuras de manera adecuada. Este déficit semántico no es un detalle menor: sin un término claro que capture la dimensión transnacional del problema, México pierde fuerza en el debate internacional y, con ello, la posibilidad de exigir corresponsabilidad real a Estados Unidos.
¿Pero cómo nombrar esta realidad?. Hablar de “redes de tráfico transfronterizo” o “consorcios de distribución ilícita” podría ser un inicio. Estos términos encapsulan no solo la participación de actores en ambos lados de la frontera, sino también la interdependencia logística y económica que sustenta al narcotráfico. Sin embargo, cualquier definición debe ir más allá de lo técnico; debe tener fuerza simbólica y ser lo suficientemente sencilla para resonar en el ámbito político y mediático.
La falta de esta herramienta conceptual pone al gobierno mexicano en una posición narrativa débil. Mientras Estados Unidos evade reconocer públicamente estas estructuras, México perpetúa una narrativa que, aunque precisa en sus evidencias, carece de un lenguaje estratégico que permita exponer las omisiones del norte. En este vacío, el narcotráfico sigue siendo tratado como un problema que empieza y termina en México, dejando fuera de la discusión los intereses estadounidenses que lo sostienen.
La solución no reside únicamente en nombrar, sino en cómo ese nombre puede ser usado para exigir corresponsabilidad. Si México no desarrolla esta habilidad, seguirá enfrentando un diálogo asimétrico, en el que los argumentos se pierden en la falta de precisión conceptual. En una guerra que se libra tanto con armas como con palabras, ganar la batalla semántica es tan crucial como cualquier estrategia de seguridad.



