Esbozos de fascismo

Culiacán, Sinaloa. – En 1925, Giovanni Amendola, periodista italiano, murió tras ser brutalmente golpeado por escuadrones fascistas. ¿Su crimen? Haberse atrevido a señalar el autoritarismo de Benito Mussolini. No fue el único. En ese entonces, el régimen no necesitaba argumentos: le bastaba con la fuerza para callar a quienes incomodaban.

Hoy, en México, las formas han cambiado, pero el fondo da para preocuparse. Ya no hay palos ni camisas negras, pero sí sentencias judiciales, reformas penales y un discurso oficial que coloca a la crítica como si fuera un ataque al país.

En Campeche, al periodista Jorge González Valdez lo castigaron con dos años sin poder ejercer, el cierre de su medio digital Tribuna, y una multa de dos millones de pesos por daño moral. ¿Qué hizo? Criticar a la gobernadora Layda Sansores. El que presentó la denuncia fue su sobrino, que también trabaja en el gobierno. Una familia en el poder usando al sistema judicial como escudo.

En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta empujó una reforma que mete a la cárcel hasta tres años a quien “ofenda o insulte” reiteradamente en redes. Aunque la vendieron como una herramienta contra el acoso, la redacción es tan vaga que termina siendo una trampa: cualquier crítica incómoda podría convertirse en delito. Al final, es el gobierno el que decide qué palabras están permitidas y cuáles no.

Y no olvidemos el caso de Gerardo Fernández Noroña, que logró que un juez obligara a un ciudadano a disculparse públicamente por haberle mentado la madre y llamado “pendejo” en un aeropuerto. Más allá de si estuvo bien o mal insultarlo, lo que salta es cómo un político con poder usa al aparato judicial para que le rindan cuentas por lo que alguien gritó en voz alta. No se está defendiendo el respeto: se está cobrando una especie de venganza legal.

Nada de esto es casual. Desde el inicio, para la 4T ha sido clave tener el control de la narrativa. No solo les interesa gobernar: les interesa también decidir cómo debe entenderse la realidad. En ese esquema, los medios independientes, los periodistas incómodos y las voces disidentes sobran. Les basta con etiquetarlos como “conservadores”, “vendidos”, “calumniadores” o simplemente hacerlos a un lado.

Claudia Sheinbaum, ya como presidenta electa, pidió a los gobernadores que respeten la libertad de expresión. Pero su llamado suena más a formalidad que a corrección de rumbo. Porque lo cierto es que su movimiento lleva años blindándose contra la crítica, desde Palacio Nacional hasta los tribunales estatales