Chihuahua. – Heliodoro Araiza Reyes, fiscal de la zona centro, mencionó que el Tribunal de Ejecución de Primera Instancia debe dar cumplimiento a la resolución de primera instancia, mediante la cual la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) dejó sin efecto la audiencia en la que se concedió el beneficio de semilibertad al sentenciado por secuestro agravado, Edgar Hernán Escárcega Valenzuela.
Édgar Hernán purgaba, desde 2020, una segunda sentencia de 37 años de cárcel por secuestrar a una víctima, por lo que abandonaría su celda hasta el 9 de enero de 2057, según se planteaba en un inicio.
No obstante, esto cambió el 18 de septiembre, cuando el juez, Juan Carlos Erives, determinó que Édgar Hernán, llevara su condena en semilibertad, y se internará en el penal cada viernes, en punto de las 8 de la noche, para salir a la misma hora de los domingos.
Édgar Hernán es hermano de la magistrada Nancy Escárcega Valenzuela, quien se desempeña desde el 1 de septiembre como magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, y cuñado del diputado local por MC, Francisco Sánchez.
Estos parentescos detonaron una serie de inconformidades, sobre todo de legisladores morenistas, quienes reclamaron la decisión del juez Juan Carlos Erives.
Heliodoro Araiza Reyes, indicó que la fiscalía presentó el recurso de apelación para modificar la medida cautelar a semilibertad, por lo que todo lo relacionado con el cumplimiento queda en manos del Poder Judicial.
“Estamos a la espera de que se cumpla la Ley de Ejecución, para continuar en los términos determinados por la propia sala”, indicó.
“Como el beneficio de semilibertad contemplaba que el sentenciado permaneciera recluido los fines de semana y en libertad el resto de la semana, mientras no se dé cumplimiento, actualmente estaría en libertad durante toda la semana,” comentó el fiscal.
Actualmente, Edgar Hernán E.V. se encuentra a disposición del Tribunal de Ejecución de Penas, instancia que debe tomar las medidas pertinentes, ya que el sentenciado cumple una pena definitiva y, por lo tanto, el Poder Judicial es competente para la determinación del cumplimiento de la sentencia.



