Washington. – El Departamento de Justicia adoptará los pelotones de fusilamiento como método permitido de ejecución mientras la administración Trump avanza para intensificar y agilizar los casos de pena capital, informaron funcionarios este viernes.
El Departamento de Justicia también está reautorizando el uso de inyecciones letales de un solo fármaco con pentobarbital, que se usaron para llevar a cabo 13 ejecuciones durante la primera administración Trump — más que bajo cualquier presidente en la historia moderna. La administración Biden había eliminado el pentobarbital del protocolo federal por preocupaciones sobre el potencial dolor y sufrimiento innecesarios.
Las medidas se anunciaron como parte de un impulso más amplio para intensificar las ejecuciones federales tras una moratoria bajo la administración Biden.
Solo tres acusados permanecen en el corredor de la muerte federal después de que el presidente demócrata Joe Biden convirtiera 37 de sus condenas a cadena perpetua, aunque la administración Trump hasta ahora ha autorizado la búsqueda de sentencias de muerte contra 44 acusados.
La administración anterior falló en su deber de proteger al pueblo estadunidense al negarse a perseguir y ejecutar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías”, dijo el fiscal general en funciones Todd Blanche en un comunicado. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a apoyar a las víctimas.”
El gobierno federal no ha incluido previamente el pelotón de fusilamiento como método de ejecución en sus protocolos, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
Actualmente, cinco estados permiten las ejecuciones por pelotón de fusilamiento: Idaho, Misisipi, Oklahoma, Carolina del Sur y Utah.
El protocolo de pentobarbital fue adoptado por Bill Barr, fiscal general durante el primer mandato de Trump, para reemplazar una mezcla de tres drogas utilizada en los años 2000, la última vez que se llevaron a cabo ejecuciones federales antes del primer mandato de Trump.
El fiscal general Merrick Garland, en los últimos días de la administración Biden, retiró la política de inyección letal pentobarbital tras una revisión gubernamental de la investigación científica y médica que determinó que sigue existiendo una “incertidumbre significativa” sobre si su uso causa dolor y sufrimiento innecesarios.
En 2020, bajo el liderazgo de Barr, el Departamento de Justicia publicó una norma en el Registro Federal para permitir que el gobierno federal lleve a cabo ejecuciones por inyección letal o utilice “cualquier otra forma prescrita por la ley del estado en el que se impuso la sentencia.”
Varios estados permiten otros métodos de ejecución, incluyendo electrocución, inhalación de gas nitrógeno o la muerte por fusilamiento.
La administración Trump, en un informe publicado el viernes, afirmó que la administración Biden “se equivocó tanto en el estándar como en la ciencia.
” Las conclusiones de la administración Biden, entre otras cosas, “no abordaron la abrumadora evidencia” de que un condenado inyectado con pentobarbital “pierde el conocimiento rápidamente, lo que le impide sentir dolor”, según el informe.
Actualmente en el corredor de la muerte están Dylann Roof, quien perpetró los asesinatos racistas en 2015 de nueve miembros negros de la iglesia Mother Emanuel AME en Charleston, Carolina del Sur; Dzhokhar Tsarnaev, responsable del atentado del maratón de Boston de 2013 y Robert Bowers, que disparó fatalmente a 11 feligreses en la sinagoga Tree of Life de Pittsburgh en 2018, el ataque antisemita más mortífero en la historia de Estados Unidos
Puntos claves sobre esta aprobación:
Reintroducción Federal: La orden amplía los protocolos de ejecución federales para incluir el fusilamiento, revirtiendo la moratoria establecida durante la administración de Joe Biden.
Contexto: La administración justificó la medida por las dificultades para conseguir los fármacos utilizados en las inyecciones letales.
Situación estatal: Aunque es una nueva directriz federal, cinco estados (Idaho, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur y Utah) ya permitían el pelotón de fusilamiento en sus jurisdicciones locales.



