Memorándum Chihuahua–Texas y sus implicaciones constitucionales e internacionales

. - El memorándum Chihuahua–Texas, leído por la senadora Andrea Chávez, revela transgresiones constitucionales y violaciones al derecho internacional. Al comprometer recursos estatales y permitir injerencia extranjera, fragmenta la política exterior mexicana, debilita la soberanía y criminaliza la migración como problema exclusivamente securitario.

Por Jack Ro

Ciudad Juárez. – En una sesión marcada por el debate sobre la soberanía nacional y los límites del poder estatal, la senadora Andrea Chávez Treviño llevó a la tribuna del Senado de la República un documento que ha encendido la discusión política y jurídica en el país.

Se trata del memorándum de entendimiento firmado entre la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, mediante el cual ambos gobiernos acordaron colaborar en el control del flujo migratorio proveniente de más de cien países.

El texto, leído ante la Asamblea, revela una serie de compromisos que implican la participación directa del Departamento de Seguridad Pública de Texas en territorio mexicano, así como la administración de recursos del erario chihuahuense para financiar medidas de seguridad en la frontera.

Este hecho, más allá de su aparente propósito operativo, plantea una interrogante de fondo sobre la constitucionalidad de las acciones de la mandataria estatal y sobre el respeto al principio de soberanía que rige las relaciones internacionales de México.

La intervención de la senadora Chávez no solo expuso el contenido del acuerdo, sino que abrió un espacio de reflexión sobre las implicaciones políticas y jurídicas de un acto que, según diversos especialistas, podría constituir una trasgresión al marco constitucional y al derecho internacional público.

En el centro del debate se encuentra la pregunta esencial: ¿puede un gobierno estatal negociar directamente con una entidad extranjera asuntos que competen exclusivamente al Ejecutivo Federal?

Este episodio, que ha resonado en los ámbitos legislativos y diplomáticos, representa un punto de inflexión en la discusión sobre la autonomía estatal y los límites de la cooperación internacional.

La lectura del documento por parte de Andrea Chávez se convierte así en un acto de defensa institucional y en una advertencia sobre los riesgos del injerencismo político en la frontera norte, donde la seguridad y la migración se entrelazan con la soberanía y la dignidad nacional.

Las trasgresiones al Derecho Constitucional Mexicano son evidentes en el memorándum de entendimiento firmado entre la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y el gobernador de Texas, Greg Abbott. El documento vulnera las facultades exclusivas del Ejecutivo Federal, establecidas en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga al Presidente de la República la potestad de dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales.

Asimismo, el artículo 117 constitucional prohíbe expresamente a las entidades federativas celebrar alianzas o tratados con potencias extranjeras, disposición que salvaguarda la unidad de la política exterior y la soberanía nacional.

Al suscribir un acuerdo que compromete recursos estatales y permite la intervención de agencias de seguridad extranjeras en territorio mexicano, la gobernadora Campos incurre en una violación directa de la normatividad constitucional, excediendo las atribuciones que la ley le confiere.

Este acto no solo representa una falta administrativa o política, sino una ruptura institucional que pone en riesgo el principio de soberanía y la integridad del Estado mexicano frente a gobiernos extranjeros.

La violación de competencias jurídicas en el memorándum firmado entre la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, resulta evidente. El acuerdo compromete recursos estatales en un tema de seguridad y migración que corresponde de manera exclusiva al ámbito federal.

Al permitir que el Departamento de Seguridad Pública de Texas administre fondos provenientes del erario chihuahuense, se vulnera el principio de soberanía presupuestaria y se trasgrede la normatividad constitucional que reserva al Ejecutivo Federal la conducción de la política exterior y la coordinación en materia de seguridad nacional.

Este acto no solo excede las facultades de una gobernadora, sino que abre un precedente peligroso: la normalización de convenios interestatales con potencias extranjeras que fragmentan la política exterior mexicana y debilitan la unidad institucional del Estado.

La Constitución es clara: las entidades federativas carecen de atribuciones para celebrar alianzas o tratados con gobiernos extranjeros. Al hacerlo, se rompe el equilibrio jurídico que garantiza la soberanía nacional y se coloca a los ciudadanos de Chihuahua en una situación de subordinación frente a un poder público ajeno.

El precedente negativo de no sancionarse este acto es de gran alcance. La firma del memorándum entre Chihuahua y Texas abre la puerta a que otros gobiernos estatales, en México, celebren acuerdos internacionales sin autorización federal.
Tal práctica fragmentaría la conducción de la política exterior, debilitando la unidad institucional y la posición del país frente a otras naciones.

La Constitución establece con claridad que la política exterior es facultad exclusiva del Ejecutivo Federal. Si se tolera que las entidades federativas negocien directamente con gobiernos extranjeros, se corre el riesgo de erosionar el principio de soberanía y de generar un mosaico de compromisos internacionales contradictorios, sin coordinación ni legitimidad.

En este sentido, la omisión de sancionar la transgresión no solo implicaría un vacío jurídico, sino también un retroceso político: la normalización de convenios interestatales que vulneran el orden constitucional y que, en la práctica, debilitan la capacidad de México para enfrentar fenómenos globales como la migración.

El Derecho Internacional consagra como pilares fundamentales la autodeterminación de los pueblos y la prohibición de la injerencia extranjera en asuntos internos.

Estos principios, recogidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la tradición diplomática mexicana, constituyen la base de la convivencia pacífica entre los Estados.

La vigilancia migratoria dentro del territorio mexicano por parte de agencias texanas, como lo plantea el memorándum entre Chihuahua y Texas, constituye una transgresión directa a dichos principios.

Permitir que un gobierno extranjero intervenga en la regulación de la movilidad humana en México equivale a ceder soberanía territorial y a aceptar una forma de injerencismo político que contradice la doctrina histórica de México en materia internacional.

México ha defendido, desde la Doctrina Estrada y la política exterior del siglo XX, la idea de que ningún Estado puede intervenir en los asuntos internos de otro, ni siquiera bajo el argumento de cooperación en temas sensibles como la migración. La aceptación de agentes extranjeros en labores de vigilancia dentro de Chihuahua rompe con esa tradición y coloca al país en una situación de vulnerabilidad frente a decisiones unilaterales de gobiernos locales de Estados Unidos.

En este sentido, el memorándum no solo es inconstitucional en el plano interno, sino que también es contrario al derecho internacional público, pues legitima la presencia de un poder extranjero en territorio nacional sin autorización del Ejecutivo Federal ni de los órganos competentes de la Federación.

En el plano del Derecho Internacional, los Estados nacionales son los únicos sujetos plenos reconocidos como titulares de derechos y obligaciones.
Son ellos quienes pueden celebrar tratados, asumir compromisos internacionales y participar en organismos multilaterales.
Por el contrario, los gobiernos subnacionales —como los estados federados en México o en Estados Unidos— carecen de personalidad jurídica internacional.

En consecuencia, cualquier acuerdo interestatal, como el memorándum firmado entre Chihuahua y Texas, carece de validez en el ámbito internacional. No puede ser considerado un tratado ni un convenio legítimo, pues no emana de sujetos reconocidos por la comunidad internacional.

Su existencia, más allá de lo político, constituye una irregularidad jurídica que vulnera la soberanía mexicana y contradice los principios básicos de la diplomacia.

La firma de este tipo de documentos por parte de autoridades estatales no solo es inconstitucional en el plano interno, sino que también es nulo en el plano internacional, al no tener sustento en las normas que regulan las relaciones entre Estados.

La práctica de permitir convenios de esta naturaleza abre un riesgo de fragmentación y contradicción en la política exterior mexicana, debilitando la posición del país frente a sus interlocutores internacionales.

La migración como fenómeno global constituye uno de los mayores desafíos contemporáneos. La movilidad de pueblos provenientes de más de cien países no puede ser abordada mediante pactos aislados entre entidades federativas, pues exige respuestas multilaterales y coordinadas desde los gobiernos nacionales.
La magnitud del fenómeno rebasa las capacidades locales y requiere de políticas públicas integrales que conjuguen seguridad, derechos humanos y cooperación internacional.

El memorándum entre Chihuahua y Texas reduce la migración a un problema de seguridad fronteriza, ignorando su dimensión humanitaria y demográfica.

Al hacerlo, se desvirtúa la naturaleza del fenómeno y se trasgrede el marco constitucional e internacional que reserva al Estado nacional la conducción de la política exterior y la regulación de la movilidad humana.

La experiencia histórica demuestra que los movimientos migratorios se intensifican en contextos de guerra, crisis económicas y transformaciones sociales. Por ello, las respuestas deben ser diseñadas en el ámbito federal y coordinadas con organismos internacionales especializados, como la ONU y la OIM, garantizando tanto la soberanía de los Estados como la protección de los derechos de los migrantes.

En este sentido, la firma de acuerdos interestatales como el de Chihuahua y Texas no solo carece de validez jurídica, sino que también resulta ineficaz frente a la complejidad del fenómeno migratorio global. La movilidad humana exige cooperación legítima entre Estados nacionales, no convenios fragmentados que debilitan la unidad institucional y la capacidad de México para enfrentar los retos de su frontera norte.

El injerencismo político se manifiesta con claridad en la negociación directa realizada por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, con el gobernador de Texas, Greg Abbott. Al celebrar un memorándum de entendimiento sin la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni del Ejecutivo Federal, la mandataria estatal incurrió en una extralimitación de funciones que vulnera el orden constitucional y debilita la soberanía nacional.

La política exterior mexicana es competencia exclusiva del Presidente de la República, y cualquier intento de sustituir esa facultad desde un gobierno subnacional constituye una intromisión indebida en asuntos reservados a la Federación.

Este tipo de actos no solo carecen de validez jurídica, sino que también generan un precedente peligroso: legitimar la intervención de gobiernos extranjeros en temas internos, como la migración y la seguridad, sin el aval de las instituciones nacionales.

El acuerdo entre Chihuahua y Texas, al comprometer recursos estatales y permitir la participación de agencias texanas en territorio mexicano, trasciende lo administrativo y se convierte en un acto de injerencia política que erosiona la unidad institucional del país.

La gobernadora Campos, al negociar de manera unilateral, ignoró las consecuencias jurídicas y diplomáticas de sus actos, colocando a México en una situación de vulnerabilidad frente a decisiones externas.

Las consecuencias políticas de este tipo de acuerdos son profundas y preocupantes. Al fragmentar la conducción de la política exterior mexicana, se debilita la posición del país frente a Estados Unidos y se normaliza la intervención de gobiernos extranjeros en asuntos internos. La firma de convenios interestatales sin autorización federal erosiona la unidad institucional y abre la puerta a compromisos contradictorios que carecen de legitimidad en el plano internacional.

El memorándum entre Chihuahua y Texas, al comprometer recursos estatales y permitir la participación de agencias de seguridad texanas en territorio mexicano, no solo vulnera la Constitución, sino que también genera un precedente que amenaza con desdibujar los límites entre cooperación legítima y subordinación política.

La tolerancia de estos actos equivale a aceptar una forma de injerencismo que debilita la soberanía nacional y coloca a México en una situación de vulnerabilidad frente a decisiones externas.

En este sentido, las consecuencias trascienden lo jurídico: se trata de un retroceso político que compromete la capacidad del Estado mexicano para enfrentar fenómenos globales como la migración, y que pone en riesgo la cohesión de la política exterior, construida históricamente sobre los principios de autodeterminación y no intervención.

La dimensión demográfica y social del fenómeno migratorio es ignorada en el memorándum entre Chihuahua y Texas, que reduce la movilidad humana a un problema de seguridad. Al hacerlo, se invisibiliza la naturaleza compleja de la migración, que responde a factores económicos, bélicos, climáticos y culturales, y se omite su carácter humanitario.

La intolerancia política se refleja en la criminalización de la movilidad humana, tratada como amenaza en lugar de como consecuencia de desigualdades estructurales y crisis globales. Este enfoque securitario desconoce que detrás de cada flujo migratorio hay familias, comunidades y pueblos enteros que buscan sobrevivir y rehacer sus vidas.

La falta de coordinación con organismos internacionales especializados, como la ONU y la OIM, agrava la situación, pues impide que México articule políticas públicas integrales que conjuguen seguridad con respeto a los derechos humanos. La migración no puede ser gestionada únicamente con tecnología de vigilancia ni con recursos policiales, sino con proyectos de cooperación legítimos que atiendan la dimensión demográfica y social del fenómeno.

En este sentido, el memorándum no solo es jurídicamente inválido, sino también políticamente miope: al ignorar la dimensión humanitaria de la migración, perpetúa la visión reduccionista de que la movilidad humana es un problema de control fronterizo, cuando en realidad constituye un desafío global que exige respuestas solidarias y coordinadas.

La intervención de la senadora Andrea Chávez Treviño al dar lectura al memorándum en la Cámara de Senadores confirma la gravedad del asunto. Los resolutivos tercero y cuarto comprometen a Chihuahua a realizar medidas de seguridad en su frontera y a destinar recursos estatales bajo la dirección del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Este acto no solo es inconstitucional, sino que vulnera el principio de soberanía y coloca a los ciudadanos chihuahuenses en una situación de subordinación frente a un gobierno extranjero.

La historia mexicana ha defendido con firmeza el principio de soberanía frente a intentos de intervención extranjera. Desde la Doctrina Estrada hasta la política exterior contemporánea, México ha sostenido que la autodeterminación es irrenunciable. El caso Chihuahua–Texas representa un retroceso, pues legitima la injerencia extranjera en un tema tan sensible como la migración

El memorándum entre Chihuahua y Texas es jurídicamente inválido, políticamente riesgoso e internacionalmente cuestionable. Su existencia revela la necesidad de reforzar los mecanismos de control constitucional y de sancionar las extralimitaciones de los gobiernos estatales.

La migración debe ser regulada con respeto a la soberanía y mediante proyectos de colaboración legítimos entre Estados nacionales, no mediante acuerdos subnacionales que trasgreden el derecho constitucional e internacional.