Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora María Eugenia Campos Galván designó a Francisco Sáenz Soto como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, luego de la renuncia de César Jáuregui Moreno en medio de una controversia institucional.
El nombramiento fue emitido el 27 de abril y busca garantizar la continuidad operativa de la Fiscalía, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre el manejo de información relacionada con la presencia de personas extranjeras en la entidad.
La salida de Jáuregui se dio tras una serie de señalamientos que derivaron en una crisis política, luego de inconsistencias en la comunicación oficial sobre un operativo en la sierra.
“Esta omisión vulneró los mecanismos de control y comunicación”, reconoció el exfiscal al asumir responsabilidad por las fallas.
Sáenz Soto asumirá el cargo de manera provisional, mientras se desarrolla el proceso formal para la designación de un nuevo titular, conforme a los procedimientos legales establecidos.
El relevo ocurre en un momento considerado crítico, debido a la presión pública y política para esclarecer los hechos, así como por la necesidad de mantener la coordinación en materia de seguridad en el estado.
La administración estatal ha señalado que el encargado deberá conducirse bajo principios de legalidad y responsabilidad, en un escenario donde la Fiscalía enfrenta cuestionamientos sobre su actuación reciente.
La renuncia del exfiscal se da pese a que durante su gestión se destacaron operativos contra el crimen organizado; sin embargo, el manejo del caso reciente terminó por debilitar la credibilidad institucional.
El cambio en la titularidad de la Fiscalía busca evitar un vacío en la procuración de justicia, mientras continúa el escrutinio público sobre uno de los episodios más sensibles para el gobierno estatal en materia de seguridad.
En Chihuahua, donde la coordinación entre Fiscalía, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Guardia Nacional y Sedena suele marcar la pauta cotidiana de la gobernabilidad —sobre todo en corredores estratégicos como la Sierra Tarahumara y la franja fronteriza—, cualquier fisura en la cadena de información se traduce rápidamente en presión política y en dudas sobre el control territorial. La entidad arrastra, desde hace más de una década, ciclos de violencia ligados a disputas criminales y a la complejidad geográfica de regiones serranas, con comunidades dispersas y caminos de difícil acceso, donde los tiempos de reacción y la verificación de reportes se vuelven elementos centrales para la credibilidad de las autoridades.
El episodio que detonó la renuncia de Jáuregui se insertó en un terreno particularmente sensible: la narrativa pública sobre operativos en la sierra y la presencia de personas extranjeras, asunto que en Chihuahua suele amplificarse por su condición fronteriza y por los flujos migratorios que se concentran en ciudades como Ciudad Juárez. En ese contexto, la comunicación oficial no sólo opera como parte del control interno del gabinete de seguridad, sino como un componente de confianza hacia alcaldías, mandos regionales y población local, que históricamente ha demandado claridad ante eventos que pueden impactar directamente en movilidad, actividad económica y seguridad comunitaria.
Sáenz Soto llega como encargado del despacho en un esquema que, por diseño, busca evitar un interregno en la conducción de carpetas de investigación, operativos y coordinación interinstitucional, mientras se activa el proceso formal para definir al próximo titular. En el corto plazo, el principal reto operativo será sostener el ritmo de trabajo en áreas críticas —desde investigación y persecución de delitos de alto impacto hasta atención a víctimas— sin que el relevo se convierta en un factor de parálisis administrativa, en momentos en que la Fiscalía enfrenta escrutinio por la consistencia de su información pública y por la forma en que se reportan incidentes de alto perfil en regiones estratégicas del estado.



