Ciudad Juárez. – Son tres las carpetas de investigación que desde el 2021 se abrieron en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, sin embargo, en su momento no se les dieron seguimiento por indicaciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es de notarse, que el Gobierno de México no le sigue a Rocha Moya una investigación por sus presuntos nexos con el crimen organizado, concretamente con “Los Chapitos”, tal y como lo sustenta la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en su petición de captura con fines de extradición.
La DEA acusa formalmente al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de colusión con facciones del Cártel de Sinaloa.
El señalamiento sostiene que recibió apoyo financiero y logístico de “Los Chapitos” para ganar la elección de 2021 y que, a cambio, una vez llegado a la gubernatura, protegió sus operaciones de seguridad, tráfico de drogas y lavado de dinero.
Detalles clave del caso de la relación con “Los Chapitos”:
. – Pactos políticos: La acusación indica que el Cártel de Sinaloa intimidó rivales políticos y robó urnas para asegurar la victoria de Rocha Moya.
. – Red de protección: En el expediente del Departamento de Justicia estadounidense se señala a Rocha Moya y a una decena de funcionarios de brindar protección institucional a cambio de sobornos.
Fuentes al interior de la Fiscalia General de la República, mencionan que la figura de Ruben Rocha Moya volvió al escenario público luego de que el Gobierno de Estados Unidos solicitara a las autoridades mexicanas su aprensión con fines de extradición por presuntos nexos con el crimen organizado, solicitud hecha el pasado 29 de abril.
Indicaron que a estas indagatorias hay que sumarle la que la Unidad de Investigación Financiera ha establecido con la intencion, en primera instancia de congelar los bienes del gobernador de Sinaloa, acusado de nexos con el narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, y en segunda, para indagar su origen.
Sin embargo, pese a estos señalamientos, y hasta donde se tiene conocimiento, la FGR no lo ha llamado a declarar, ni como testigo o como presunto implicado/imputado.
INCLUYE CARPETA ASESINATO DE MELESIO CIUEN OJEDA
La nueva revisión incluye el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, asesinado el 25 de julio de 2024.
Ese mismo día, el narcotraficante Ismael Zambada García fue secuestrado y trasladado a Estados Unidos, donde actualmente enfrenta un proceso penal.
Según las indagatorias realizadas durante la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, el asesinato de Cuén Ojeda ocurrió en el mismo inmueble donde presuntamente el “Mayo” Zambada fue traicionado y entregado a las autoridades de la Unión Americana.
De acuerdo a la FGR, los fiscales federales han consolidado tres averiguaciones relacionadas con secuestros, homicidios e irregularidades ocurridas en 2021, mientras mantiene su curso el seguimiento a los funcionarios que presuntamente participaron en estos hechos.
Las investigaciones que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa avanzan y el Ministerio Público Federal tomó una decisión clave: unificar en un solo expediente tres indagatorias que hasta ahora corrían por separado.
Sin embargo, pese a estos señalamientos, y hasta donde se tiene conocimiento, la FGR no lo ha llamado a declarar.
LAS TRES CARPETAS AHORA UNIFICADAS
. – Secuestro de “El Mayo” Zambada (julio 2024): Rocha Moya habría acordado una reunión con Zambada, Cuén Ojeda y Joaquín Guzmán López (hijo de “El Chapo”). El gobernador no se presentó; en ese encuentro, Cuén fue asesinado y “El Mayo” secuestrado y entregado a autoridades estadounidenses.
. – Homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda: El exrector de la UAS aparece como víctima colateral del mismo supuesto encuentro fallido.
. – Irregularidades electorales 2021: Presuntos apoyos del cártel para la campaña de Rocha Moya, en línea con las acusaciones del Departamento de Justicia de EE.UU.
Estas indagatorias, que datan en algunos casos de hace más de dos años, ahora forman un solo expediente bajo el seguimiento del Ministerio Público Federal.
La FGR también analiza la documentación solicitada a Estados Unidos sobre la acusación formal contra Rocha y otros nueve funcionarios sinaloenses.



