Revela LA Times investigación de EU a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas

. – Existe la presunción de que ambos, Alfonso Durazo y Americo Villarreal, ya colaboran con el gobierno de Estados Unidos, lo que incluso, les permite ingresar a la Union Americana bajo estricta vigilancia.

Los Ángeles, California. – De acuerdo a una publicación de Los Ángeles Times (LA Times), los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal, de Sonora y Tamaulipas respectivamente, son investigados por sus presuntos vínculos con el narco, pero ambos están integrados a un programa llamado Signficant Public Benefit (Permiso de Permanencia Temporal por Beneficio Público Significativo), lo que les permite cruzar a Estados Unidos, e incluso, contar con protección de parte de elementos de seguridad de ese país, como es el caso de Villarreal.

Los nombres de los gobernadores de Sonora y Tamaulipas se unen al de Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, a quienes, se la vinculado con el crimen organizado de parte de Justicia Norteamericana, y afiliados al partido oficialista Morena y de entidades federativas fronterizas.

En su publicación, Steve Fisher y Kate Linthicum de LA Times indicaron que a Alfonso Durazo Montaño le cancelaron la visa el año anterior, pero aun así viaja regularmente a Estados Unidos para recibir atención médica bajo un programa especial para individuos que cooperan con seguridad pública.

El programa conocido como “Significant Public Benefit parole” permite a ciudadanos no norteamericanos testificar ante un gran jurado para mitigar consecuencias de cargos actuales o pendientes contra los que están en él.

En cuanto el caso de Américo Villarreal Anaya, “las fuentes informaron que Villarreal también tiene un parole Signficant Public Benefit, y cuando cruza a Estados Unidos frecuentemente es escoltado por oficiales estadounidenses”.

La situación de Américo Villarreal estaría relacionada, según las fuentes citadas por el periódico, con investigaciones sobre el huachicol.

Tamaulipas ha sido durante años uno de los principales corredores para el movimiento ilegal de hidrocarburos debido a su condición fronteriza con Texas y a la presencia histórica de grupos criminales en la región.

En su caso, el gobernador tamaulipeco respondió sobre ello, calificando de falsa toda acusación en su contra, mientras que, de Alfonso Durazo, hizo lo propio.

Desde el gobierno federal mexicano, la presidente Claudia Sheinbaum ha cuestionado este tipo de acciones y ha considerado que representan una intromisión en asuntos internos del país.

La postura de Palacio Nacional contrasta con la ofensiva impulsada desde Washington DC, donde las investigaciones continúan avanzando mientras aumentan las versiones sobre posibles expedientes contra actores políticos mexicanos de alto nivel.