Ciudad Juárez. – Un juez federal vinculó a proceso a Armando M. L., alias “El Chivo”, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con fines de tráfico de personas y delitos contra la salud.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, tras su captura en Ciudad Juárez el pasado lunes por elementos de la Secretaría de Marina, el detenido fue puesto inicialmente a disposición y bajo custodia de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México.
De manera física o temporal, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua confirmaron que permaneció recluido bajo un operativo de vigilancia especial en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Estatal número 3 de Ciudad Juárez, desde donde enfrentó su situación jurídica previa a su traslado programado a un penal federal.
Armando M. L., alias “El Chivo”, fue vinculado a proceso formalmente por un Juez Federal bajo la imputación principal de delincuencia organizada.
La Fiscalía General de la República (FGR) sustentó su acusación basándose en que operaba dentro de una estructura delictiva (el grupo La Línea) con dos fines específicos:
1. Tráfico de personas: Facilitar y coordinar el cruce ilegal de migrantes hacia los Estados Unidos.
2. Delitos contra la salud: Actividades ligadas al narcotráfico y trasiego de sustancias prohibidas.
Otros antecedentes en su contra:
• Homicidio: Al formar parte del programa binacional de seguridad “Se Busca Información” coordinado entre México y EE. UU., ya contaba previamente con señalamientos y órdenes relacionadas con el delito de homicidio.
• Estructura criminal: Las áreas de inteligencia militar también lo investigan por su presunto rol directivo en redes de extorsión y secuestro en la región fronteriza.
Debido a la gravedad de los cargos por delincuencia organizada, el juez le dictó prisión preventiva justificada mientras transcurren los tres meses otorgados para la investigación complementaria.
La resolución fue emitida luego de que el juzgador analizara los elementos presentados por la Fiscalía durante la audiencia inicial.
La defensa argumentó que no existían pruebas suficientes para procesarlo y señaló la falta de evidencias físicas directas, como decomisos de drogas o la localización de personas víctimas de tráfico.
La Fiscalía sostuvo que la acusación no se basa únicamente en los delitos de tráfico de personas y contra la salud, sino en la agravante de delincuencia organizada con ambos fines.
El juez impuso prisión preventiva como medida cautelar y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria. La próxima audiencia fue programada para el 1 de enero de 2027.



