Ciudad de México. – Claudia Sheinbaum, presidente de México, aseguró que su Gobierno no cuenta con pruebas que vinculen con el narcotráfico a las empresas mexicanas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Sheinbaum Pardo, se refirió a que Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), formalizó en octubre de 2026 un paquete de sanciones contra 21 personas y 25 empresas (46 objetivos en total) presuntamente vinculadas a redes de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
La medida congela todos los bienes y activos que los sancionados posean bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe que ciudadanos o empresas de ese país realicen transacciones financieras con ellos.
Personajes destacados y motivos de la sanción
Entre las designaciones más notorias publicadas en el Federal Register de EE. UU. se encuentran exfuncionarios y operadores políticos del estado de Baja California:
• Carlos Alberto Torres Torres: Exdiputado y exesposo de la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
• El Departamento del Tesoro lo señala como presunto operador político y facilitador logístico y financiero de la facción de “Los Rusos” (vinculada a “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa). Se le acusa de usar su influencia política para dar protección y facilitar las actividades criminales.
• Luis Alfonso Torres Torres: Hermano de Carlos Torres, identificado bajo el mismo esquema de colaboración y apoyo logístico para la organización delictiva.
• Pedro Ariel Mendívil García: Exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, señalado también por presuntamente brindar protección institucional a las células criminales de la región.
Durante La Mañanera del Pueblo de este jueves, la mandataria explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó una revisión de las compañías señaladas por las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Sheinbaum reconoció que la UIF encontró irregularidades financieras y fiscales, pero aclaró que estas no constituyen evidencia de relaciones con organizaciones criminales.
“No se tiene ninguna persona que esté vinculada a un grupo delictivo, ni tampoco se ha recibido información por parte de Estados Unidos de por qué dicen que están vinculados”, señaló.
La presidenta explicó que las irregularidades detectadas están relacionadas con el incumplimiento de obligaciones fiscales, así como con reportes incorrectos de ingresos y otros movimientos financieros.
Las sanciones de la OFAC pueden implicar el bloqueo de bienes y cuentas bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibiciones para realizar operaciones comerciales con personas y empresas de ese país.
Sheinbaum indicó que, independientemente de las sanciones estadounidenses, la UIF puede aplicar medidas sobre las cuentas de las compañías por las irregularidades identificadas en México.
Añadió que las empresas tienen derecho a presentar pruebas para aclarar su situación y solicitar el desbloqueo de sus cuentas, así como acudir a las instancias judiciales.



