Chihuahua. -Los fiscales de distrito y especializados de Chihuahua podrán acudir directamente ante jueces federales para solicitar la intervención de comunicaciones privadas, el acceso a dispositivos electrónicos y la localización de personas en tiempo real, sin necesidad de obtener previamente la firma del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Se busca reducir los trámites internos cuando una investigación requiera obtener información de manera urgente, especialmente en casos donde esté en peligro la vida o integridad física de una persona, exista riesgo para el objeto del delito o se investiguen hechos relacionados con secuestro, privación ilegal de la libertad, extorsión y delincuencia organizada.
Entre las facultades delegadas se encuentra la posibilidad de solicitar autorización judicial para intervenir llamadas telefónicas y otras comunicaciones privadas, incluidos mensajes que puedan aportar información relevante a una investigación.
La medida también comprende el acceso a teléfonos celulares, computadoras, tabletas y otros equipos electrónicos, con el propósito de examinar archivos como fotografías, grabaciones de audio, videos, documentos y conversaciones almacenadas en ellos.
Las solicitudes podrán extenderse a información alojada fuera de los dispositivos físicos, como cuentas de correo electrónico, redes sociales y servicios de almacenamiento en la nube, siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes.
Otra de las atribuciones contempla pedir a la autoridad judicial la geolocalización en tiempo real de personas o dispositivos, herramienta que puede resultar relevante para investigaciones relacionadas con desapariciones, secuestros y otros delitos.
La delegación de facultades no significa que los fiscales puedan revisar teléfonos, escuchar conversaciones o rastrear ubicaciones por decisión propia. El acuerdo les permite tramitar directamente las solicitudes ante la autoridad judicial competente, sin pasar previamente por la autorización administrativa del fiscal general.
Las nuevas atribuciones alcanzan a las fiscalías de distrito Norte, Sur, Centro, Occidente y Noroeste, así como a las fiscalías especializadas en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia; Operaciones Estratégicas; Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, e Investigación de Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.
También se incluyen las áreas de Control, Análisis y Evaluación, además de la Dirección General Jurídica de la Fiscalía estatal.
Aunque las solicitudes podrán realizarse sin la firma previa de Gilberto Loya Chávez, el acuerdo establece que deberán mantenerse registros y controles de las actuaciones efectuadas bajo estas facultades.
Asimismo, la delegación no libera al titular de la FGE de las responsabilidades legales que le corresponden, por lo que las intervenciones deberán sujetarse a los mecanismos de supervisión y a los límites establecidos por la legislación.
Con esta disposición, la Fiscalía modifica el procedimiento interno para solicitar medidas de investigación que pueden afectar la privacidad de las personas, al trasladar la gestión directa a sus fiscales regionales y especializados, mientras la autorización judicial continúa siendo una garantía indispensable en los casos en que la ley la exige.



