Ciudad de México. – La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que su gobierno llegará “hasta las últimas consecuencias” para erradicar el llamado huachicol fiscal, una práctica ilegal que implica la evasión de impuestos mediante la importación simulada o fraudulenta de combustibles desde Estados Unidos.
De acuerdo con la consultora Petro Intelligence, el boquete provocado por la importación ilegal de gasolinas y diésel fue de unos 93.000 millones de pesos en 2018, y en un lapso de seis años este agujero se duplicó a 177.000 millones de pesos, de acuerdo a información de la Secretaría de Hacienda.
“Vamos a poner fin al llamado huachicol fiscal”, afirmó este jueves, al explicar que se han detectado dos principales esquemas de evasión: el primero consiste en declarar como productos químicos combustibles como diésel o gasolina, y el segundo en simular compras con facturas falsas para evitar el pago de impuestos.
Sheinbaum indicó que se investiga a empresas con permisos de importación otorgados por la Secretaría de Energía, incluso durante el gobierno anterior.
“Ahora se está haciendo una revisión todavía mayor de aquellos que tienen permisos de importación de gasolina o diésel”, precisó.
También confirmó una colaboración con el gobierno de Estados Unidos, luego de que la embajada norteamericana señalara la existencia de operaciones ilícitas que involucran incluso el tráfico de crudo mexicano refinado ilegalmente y reingresado al país sin cumplir con la ley.
“Todo eso es parte de una investigación penal, porque es un delito (…) Se está viendo desde la refinería en Estados Unidos, el centro de almacenamiento, la compra del combustible, hasta el importador en México”, explicó la mandataria.
Finalmente, subrayó que el objetivo es garantizar legalidad, trazabilidad y pago de impuestos en toda la cadena de suministro de combustibles: “Queremos que sepamos a qué gasolinera va a ir, que todo sea legal y se pague lo que se tiene que pagar”.
El secretario de Seguridad, García Harfuch, ha declarado a medios locales que en esta Administración se han decomisado millones de litros de gasolinas ilegales, se han inhabilitado más de 8.000 tomas clandestinas y se han detenido a 700 funcionarios implicados en el robo de combustibles.
No obstante, el contrabando fiscal persiste en México debido a la debilidad institucional, la corrupción, la complejidad del mercado energético y la adaptación del crimen organizado.
Con más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, país líder en refinación, el cruce ilegal de gasolinas sigue siendo un monstruo de mil cabezas, una trama en la que participan comercializadores, agentes aduanales, gasolineros, autoridades, e integrantes del crimen organizado.



