Por: Jack Ro.
Ciudad Juárez. – Las recientes acusaciones que vinculan a Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, con actividades ligadas al narcotráfico y supuestos nexos con la DEA han desencadenado un debate que va más allá del ámbito político: ponen a prueba los pilares fundamentales del Estado de Derecho.
En la vorágine política mexicana, acusar sin pruebas se ha vuelto una herramienta frecuente de confrontación. La reciente imputación mediática contra el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por presuntos vínculos con el narcotráfico y una supuesta investigación de la DEA, exige un análisis profundo que trascienda la lógica partidista.
El señalamiento de Pérez Cuéllar hacia su homólogo de Chihuahua, Marco Bonilla, como presunto orquestador de una “guerra sucia”, abre la puerta a una narrativa polarizante.
Pérez Cuéllar ha señalado a Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua, como artífice de una campaña de desprestigio, a la que califica como “guerra sucia”.
En política, este término puede funcionar como estrategia de deslegitimación, pero en el análisis jurídico, lo relevante es la existencia de pruebas, procesos y respeto al debido procedimiento.
Sin embargo, la política no debe confundirse con justicia, y los juicios sin evidencia pueden convertirse en actos de irresponsabilidad institucional.
Lo preocupante es que, al mediatizarse las acusaciones sin una investigación formal, se abre la puerta a la presunción pública de culpabilidad, lo cual vulnera derechos constitucionales.
Cuando la acusación sustituye al proceso legal, se debilita el fundamento del Estado de Derecho. La presunción de inocencia no es un privilegio del poder: es una garantía constitucional. En este caso, no existe denuncia formal, ni investigación abierta por parte de una autoridad judicial reconocida. Los señalamientos parecen más una estrategia mediática que una búsqueda genuina de verdad.
La defensa del alcalde, sustentada en documentos oficiales y evidencia sobre sus actividades, es tan válida como cualquier prueba en un proceso legítimo. Negarle el beneficio de la duda sería comprometer el equilibrio entre el interés público y los derechos individuales.
El Estado de Derecho exige que toda persona acusada de un delito goce de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
En este caso, no existen pruebas públicas ni una denuncia formal por parte de autoridades judiciales que confirmen lo señalado.
El uso de acusaciones como herramienta electoral erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, especialmente cuando el debate se alimenta más de especulaciones que de hechos.
La defensa de Pérez Cuéllar, al mostrar documentación oficial y visas vigentes, refuerza su postura y obliga a tomar con cautela cualquier acusación que carezca de sustento jurídico.
La acusación, aunque desmentida por el propio alcalde —quien ha mostrado pruebas de sus viajes internacionales y la vigencia de su visa— ha generado diálogo público, especulación y polarización.
En este contexto, se repite una narrativa similar a la que ha rodeado a otros actores políticos como Adán Augusto López y Andrea Chávez, quienes también han sido objeto de señalamientos por presuntas relaciones con estructuras delictivas.
Mientras tanto, actores como Adán Augusto López y Andrea Chávez se ven arrastrados por narrativas similares, evidenciando un patrón en el que el descrédito sustituye al diálogo y la sospecha reemplaza a la verificación.
En todos los casos, la falta de pruebas concretas ha sido utilizada como defensa, mientras que los adversarios políticos insisten en mantener viva la sospecha.
La justicia no es enemiga del escrutinio, pero sí del prejuicio. Y si queremos fortalecer nuestras instituciones, debemos exigir que las acusaciones se procesen conforme a derecho, no en el tribunal de la opinión pública.
Pérez Cuéllar ha advertido que esta campaña continuará, lamentablemente, debido a lo que él considera una estrategia basada en opiniones subjetivas y motivaciones personales. Su postura se centra en desmentir los hechos, señalar a los responsables y continuar con su labor administrativa, mientras el debate se traslada al terreno de la opinión pública.



