Chihuahua. – La Fiscalía Anticorrupción del Estado, a través de su titular Abelardo Valenzuela, manifestó que el caso penal contra el exgobernador Javier Corral Jurado, y del exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez y el particular Jorge Peña, por el delito de peculado agravado debe permanecer bajo jurisdicción estatal.
Abelardo Valenzuela, señaló que la actuación del juez federal Roberto Antonio Alcoverde Martínez, quien aceptó la competencia de la causa penal 3050/2024, fue “furtiva e ilegal”, pues ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Secretaría de Hacienda estatal víctima del presunto desvío fueron notificadas de la audiencia realizada el 13 de octubre.
“El Ministerio Público Federal pretende obsequiar un pase de salida al hoy imputado Javier Corral”, indicó.
“La audiencia fue furtiva, sin la presencia de la víctima ni de la representación social del Estado”, afirmó.
El fiscal detalló que la Secretaría de Hacienda presentó una solicitud formal ante el mismo juez federal para dejar sin efectos la resolución que trasladó la causa penal a la jurisdicción federal, además de promover un juicio de amparo por violación a las garantías de audiencia, legalidad y acceso a la justicia.
“La competencia corresponde al juez de control del distrito judicial Morelos en el estado de Chihuahua y no al ámbito federal como pretenden hacerlo ver”, sostuvo Valenzuela.
Explicó que los recursos involucrados provienen de participaciones federales ya ministradas, las cuales adquieren naturaleza estatal conforme a la Ley de Coordinación Fiscal y a jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dijo la Fiscalía General de la República “no acreditó fundamento legal ni legitimación” para asumir el caso, pues carece de una denuncia de los órganos federales facultados y tampoco existe un acuerdo formal de atracción firmado por el fiscal general Alejandro Gertz Manero.
“Se trata de una intervención sin base jurídica”, apuntó.
“No hay acuerdo de atracción, ni competencia ni denuncia federal. Lo que hay es una maniobra que vulnera el pacto federal”, aseveró.
Concluyó mencionando que el juez local del distrito judicial Morelos, promovió un conflicto competencial ante el Tribunal Colegiado Décimo Séptimo de Circuito, al considerar que los hechos corresponden a funcionarios estatales y a recursos propios del erario chihuahuense.



