Ciudad Juárez. – El Juez Séptimo de Distrito en Ciudad Juárez, Luis Eduardo Rivas Martínez, concedió este viernes un amparo a José Luis Arellano Cuarón, propietario del Crematorio Plenitud, sitio en el que fueron localizados 383 cadáveres en junio del 2025.
En junio de 2025, autoridades localizaron 383 cadáveres sin incinerar apilados en el crematorio “La Plenitud” en Ciudad Juárez, operado con permisos legales pero que incumplía normas sanitarias.
El hallazgo provocó la detención de dos responsables, entre ellos José Luis Arellano Cuarón, y la exigencia de identificación forense por parte de organizaciones civiles, tras descubrirse que el sitio prestaba servicio a múltiples funerarias locales.
Al llegar los elementos de seguridad inspeccionar el lugar, encontraron los cuerpos estaban apilados en un terreno del establecimiento que contaba con permisos, acumulándose presuntamente entre 2022 y 2025, y las investigaciones llevaron a la detención de dos personas, entre ellas José Luis Arellano Cuarón, propietario del crematorio Planitud.
También fue detenido Facundo Teófilo M. fue detenido junto con el propietario del crematorio Plenitud, José Luis Arellano Cuarón, quien murió en prisión por muerte natural el 31 de octubre de ese mismo año.
Ambos fueron detenidos por los delitos de inhumación, exhumación y conservación indebidas de 386 cadáveres, de los que 218 son masculinos, 149 femeninos y 16 de sexo indeterminado, también se encontraron cuatro menores de edad: dos bebés, así como un niño y una niña.
El juzgador federal determinó que los hechos que se le imputaban no constituyen delito, sino irregularidades de carácter administrativo, al considerar que el tratamiento dado a los cadáveres nunca implicó intención de manipulación o venta de los mismos.
El caso Plenitud estalló el julio de 2025 cuando autoridades hallaron 383 cuerpos almacenados en condiciones precarias dentro de una bodega del establecimiento.
La investigación reveló que el horno crematorio llevaba tres años sin funcionar, por lo que el negocio entregaba a las familias cenizas falsas en lugar de los restos de sus seres queridos.
El crematorio operaba además de manera ilegal, sin suministro de electricidad y sin equipo funcional, al tiempo que prestaba servicio a cinco funerarias de ciudad Juárez: Luz Divina, Protecto-Deco, Del Carmen, Latinoamericana y Amor Eterno.
La Fiscalía General del Estado emprendió cateos y análisis de los cuerpos con un plazo de seis meses para la investigación complementaria, recurriendo a técnicas de hidratación para la identificación de restos, tarea facilitada en varios casos por las pulseras de hospital que aún conservaban los cadáveres.



