El Paso, Texas. – El Condado de El Paso presentó una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para exigir transparencia sobre los planes de construcción de un “mega” centro de detención para inmigrantes en Socorro, en medio de crecientes preocupaciones por su impacto en la región.
La demanda fue interpuesta en la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas.
El mega centro de detención del ICE en Socorro, Texas, diseñado para ser el más grande del país con capacidad para 5,000 inmigrantes.
Las imágenes aéreas muestran carpas de lona y estructuras en una zona desértica, con operaciones rápidas para albergar a detenidos en procesos de deportación acelerada.
La demanda de este lunes 7 de abril se viene a sumar a la interpuesta el pasado 26 de enero por las muertes de 14 mexicanos, que murieron bajo custodia del ICE, o en redadas realizadas por sus agentes durante el 2025.
La demanda L.T. Mesrobian fue presentada el 26 de enero de 2026 por el despacho Public Counsel, en Los Ángeles, California, con el objetivo de evidenciar las condiciones en las que permanecen las personas migrantes detenidas en centros del ICE.
Al respecto, el Gobierno de México, a través de la presidenta Sheinbaum, anunció que se sumará a la demanda colectiva que busca denunciar estas acciones.
Este lunes 7 de abril, en El Paso, Texas, la procuradora del condado, Christina Sánchez, interpuso la demanda luego de que la Corte de Comisionados autorizara el litigio durante su sesión del 6 de abril.
La demanda busca obligar al gobierno federal a entregar documentos clave relacionados con la planificación, financiamiento e impacto ambiental del proyecto.
De acuerdo con autoridades locales, desde enero han circulado informes que indican que el gobierno federal adquirió un terreno en Socorro por más de 122 millones de dólares, además de presuntamente otorgar un contrato de 30 millones sin licitación para diseñar una instalación con capacidad de hasta 8,500 personas.
Sin embargo, hasta el momento, ICE no ha proporcionado información oficial sobre el desarrollo del proyecto ni sobre sus posibles efectos en la infraestructura local.
“La transparencia es esencial para garantizar que tanto el público como los gobiernos locales comprendan plenamente lo que está ocurriendo”, afirmó Sánchez.
Advirtió que una instalación de esta magnitud podría ejercer una presión significativa sobre recursos como el agua potable, los servicios de emergencia y los sistemas de salud pública.
La demanda se fundamenta en la Ley de Libertad de Información, que obliga a las agencias federales a responder solicitudes de información en un plazo de 20 días.
Según el condado, ICE no cumplió con ese requisito tras una solicitud presentada en febrero, lo que motivó la acción judicial para que un tribunal federal ordene la entrega inmediata de los documentos.
El litigio también surge en un contexto de creciente oposición comunitaria.
Más de 200 residentes han expresado inquietudes sobre el tamaño del proyecto, el uso de recursos limitados, especialmente el suministro de agua, y reportes de presuntos abusos en centros de detención existentes en la región.
Con esta demanda, el condado busca no solo obtener información, sino también sentar un precedente que obligue a las autoridades federales a actuar con mayor transparencia en proyectos de gran impacto para la comunidad local.



