Chihuahua. – Durante años, miles de familias en México se acostumbraron a una práctica que parecía normal: cruzar autos irregulares desde Estados Unidos y “arreglarlos” después mediante un trámite simplificado y de bajo costo.
Esa realidad cambió de forma abrupta. La figura de los chocolate, como se conoce popularmente a estos vehículos, quedó fuera del esquema de tolerancia que imperó durante la última década.
La administración federal decidió no renovar el decreto de regularización simplificada, devolviendo el control absoluto del proceso a las leyes tradicionales de comercio exterior.
Con ello, importar un vehículo dejó de ser un programa social para convertirse nuevamente en un procedimiento técnico, fiscal y legal que no admite improvisaciones.
A partir de 2026, el único camino posible es la Importación Definitiva, un régimen que exige cumplir con requisitos estrictos y la intervención obligatoria de un agente aduanal.
Importaciones autos
Bajo este esquema, la aduana mexicana aplica criterios distintos según el destino del vehículo, ya sea el interior del país o la franja fronteriza norte. La primera barrera es la elegibilidad por año-modelo.
Para nacionalizar un vehículo que circulará en el interior del país, solo se permiten autos con 8 y 9 años de antigüedad. En 2026, esto significa modelos 2017 y 2018. Un auto 2016 queda fuera por viejo; uno 2019, por nuevo.
En el caso de residentes fronterizos, el rango se amplía de 5 a 9 años, permitiendo modelos de 2017 a 2021. Otro filtro clave es el número de identificación vehicular o VIN. El primer dígito determina el origen de fabricación y, con ello, el trato arancelario.
Solo son elegibles los vehículos fabricados en Estados Unidos, Canadá o México, identificados con los números 1, 2, 3, 4 o 5. Cualquier otro origen implica aranceles prohibitivos que hacen inviable la operación para un ciudadano común.
Costos
El impacto más fuerte se siente en los costos. Aquellos pagos simbólicos de 2,500 pesos quedaron en el pasado. Hoy, importar un vehículo activa toda la maquinaria fiscal del Estado.
El comprador debe contemplar el pago del IGI, que puede ser del 10% si el auto cumple con el T-MEC, o hasta del 50% si proviene de fuera de la región. A ello se suma el IVA del 16%, calculado sobre el valor del vehículo más los impuestos, el DTA y los gastos de prevalidación y honorarios del agente aduanal.
En conjunto, el desembolso total suele oscilar entre 1,500 y 2,500 dólares, dependiendo del valor del vehículo y su origen. Además del dinero, se exige que el auto cuente con título limpio, mecánica funcional y componentes ambientales intactos, como el convertidor catalítico original.
Aunque el endurecimiento ha generado inconformidad, especialistas coinciden en que ofrece mayor seguridad jurídica. Importar un vehículo mediante pedimento aduanal garantiza que el bien sea legal, asegurable y vendible.
En otras palabras, se obtiene certeza patrimonial, no un permiso provisional sujeto a cambios políticos. En 2026, la improvisación ya no tiene cabida. Quien no revise cada requisito antes de comprar, corre el riesgo de quedarse varado en el puente y perder su inversión.
Tomado de El Heraldo de Chihuahua



