Advierte Maru Campos riegos del financiamiento del narco en las elecciones

. – La Gobernadora, acusa a Morena de haber buscado retirar el blindaje electoral contra la intervención del crimen organizado al recurrir al SCJN.

Chihuahua. – La gobernadora, Maru Campos, acusó a Morena de haber impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la reforma electoral de Chihuahua que contemplaba consecuencias jurídicas ante la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

A través de un mensaje difundido en las redes sociales, la mandataria recordó que el Congreso del Estado aprobó una reforma que contemplaba la posibilidad de anular una elección cuando se acreditara la intervención del crimen organizado, y establecía consecuencias para la candidatura que resultara beneficiada por esa intervención.

La gobernadora sostuvo que Morena votó en contra de dicha reforma y posteriormente promovió una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN. Esta acción forma parte de los recursos analizados por el máximo tribunal respecto de la reforma electoral de Chihuahua.

“Hay que decirlo fuerte y claro con todas sus letras: el responsable es Morena”, afirmó Campos, quien acusó al partido de haber buscado retirar el blindaje electoral contra la intervención del crimen organizado.

La mandataria dijo que, con la resolución de la Corte, Chihuahua perdió parte de los mecanismos que establecía la reforma para sancionar a candidaturas beneficiadas por dinero, amenazas o violencia vinculada con grupos criminales.

Sin embargo, la resolución de la SCJN mantuvo la posibilidad de anular una elección cuando se acrediten actos de delincuencia organizada de carácter permanente o sistemático que hayan influido de manera grave, dolosa y determinante en el proceso.

Al mismo tiempo, invalidó disposiciones que establecían sanciones automáticas a aspirantes, precandidatos o candidatos por conductas ilícitas cometidas por terceras personas.

Campos también destacó el voto de la ministra Yasmín Esquivel, a quien reconoció por pronunciarse en contra de la invalidez de las disposiciones cuestionadas.

Afirmó que su administración acatará la resolución de la Suprema Corte, pero advirtió que buscará una nueva vía jurídica para recuperar las disposiciones que fueron invalidadas.