Absuelve la Secretaría de la Función Pública a César Duarte por peculado de 6 mdp

. - De acuerdo a medios de comunicación nacional, la resolución se dio a conocer desde el pasado 14 de noviembre.

Chihuahua. – La Secretaría de la Función Pública de Chihuahua (SFP) absolvió de un presunto peculado de 6 millones de pesos al ex Gobernador ex priista César Duarte y a dos de sus ex colaboradores, uno de ellos fallecido en el Cereso.

Juan Carlos Mendoza, abogado de Duarte, informó que el pasado 14 de noviembre, la Secretaría de la Función Pública emitió su resolución definitiva sobre el Procedimiento Administrativo P.A.D. 002/2019, el cual quedó sin efectos y por lo tanto libre de responsabilidades por una denuncia presentada contra Duarte y sus ex colaboradores Mireya García Medina y José Lázaro Joaquín López Ramírez.

El ex mandatario y los ex funcionarios estaban incluidos en el mismo procedimiento administrativo.

López Ramírez se desempeñó en la administración de Duarte como director del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua (FIDEAPECH) y García Medina como contadora del organismo.

El 26 de agosto de 2020, López Ramírez murió por Covid-19 mientras se encontraba recluido en el Cereso Estatal número 1, en el municipio de Aquiles Serdán, cuando enfrentaba un proceso penal por el presunto peculado de 6 millones, ya que además de la denuncia presentada ante la Secretaría de la Función Pública, también se interpuso ante la Fiscalía General del Estado, cuya carpeta se judicializó y fue detenido el 30 de julio de 2018 en la Ciudad de México.

De acuerdo con la causa penal de la FGE de la administración anterior, entre mayo y junio de 2012, López Ramírez intervino en el desvío de 6 millones pesos con el propósito de destinarlo a la Financiera de la División del Norte, propiedad del ex Gobernador César Duarte.

La defensa acusó que la muerte del ex director del FIDEAPECH es un crimen de estado sin resolver.

“La perversión de las Instituciones para llevar a José Lázaro Joaquín López Ramírez a la muerte fue incalculable; fue privado de su libertad y después de su vida; paradójicamente fue absuelto privándosele de su derecho de demostrar su inocencia”, lamentó el abogado Mendoza.

A partir de la resolución de noviembre pasado, explicó Mendoza, la defensa buscó por medio de un Juzgado de Control que concediera una audiencia con el propósito de solicitar el sobreseimiento de la causa penal.

“Que también le fue impuesta como desmedida aberración jurídica, además del procedimiento administrativo, a fin de limpiar el nombre de un inocente; sin embargo, hasta este derecho junto con su vida le fue arrancado, ya que el juez de Control señaló que no la podía conceder porque ya otra juzgadora había resuelto por medio de un auto de fecha 28 de agosto (de 2020), dos días después de su muerte, que la causa penal de Lázaro había sido sobreseída con efectos de sentencia absolutoria”, afirmó el abogado.

“Por supuesto, este auto nunca se nos comunicó, escondieron como lo hicieron en su operación “mentira para Chihuahua” la verdad y la bloquearon en ese momento”, acusó Mendoza.

El abogado aseguró que la jueza siempre supo que López Ramírez era inocente.

“Tan lo supo que derivado de una de las audiencias en las que buscamos la modificación de su medida cautelar de la prisión preventiva le expusimos la complicidad del Ministerio Público con el Director del FIDEAPECH al momento de presentar la denuncia en contra de Lázaro”.

De esta manera, la misma jueza presentó una denuncia por ese hecho ante la Unidad Especializada Contra el Servicio Público y Adecuado Desarrollo de la Justicia, la cual se le asignó el número único de caso 2019-0026821.

“Denuncia que desde luego nunca fue investigada que ya la misma iba a arrojar sin duda las enormes violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y a la verdad histórica que siempre pretendieron ocultar”, dijo Mendoza.

El defensor afirmó que López Ramírez fue detenido en julio del 2018 por una denuncia ilegalmente presentada, afirmó, por el Director del FIDEAPECH en diciembre de 2017.

“Ilegal, entre muchas cosas, porque fue fundada en una ley abrogada, usurpando funciones y falsificando pruebas; señalando al FIDEAPECH como organismo público sin serlo y a Lázaro como servidor público sin tampoco tener esa calidad, ambas calidades necesarias para “encuadrar” la existencia del delito de peculado”, anotó.

“Murió como delincuente por un delito inexistente y todos lo sabían, pero el odio sin escrúpulos y la persecución política que Javier Corral, el gran perverso, instituyó como política pública en contra de César Duarte y funcionarios de su administración, institución que llevó a Lázaro a la muerte por negligencia, perversión y odio de Corral y sus subalternos”, acusó el abogado.

Mendoza refirió que el pasado 29 de noviembre, el juez de control de la causa penal 2535/2018 de López Ramírez, les notificó la negativa de la audiencia de control porque la causa penal contra él fue sobreseída con efectos de sentencia absolutoria.

“Tal resolución no le da a la familia ni a la defensa la oportunidad de demostrar en una audiencia no solo su total inocencia frente a un delito inexistente, sino que con esa resolución se intenta cerrar la compuerta de la mentira para esconder todas las indescriptibles violaciones y torturas de las que fue objeto él y su familia; mientras que la sociedad completa sigue engañada con la venta de una gran mentira envuelta en papel crepé con forma de justicia”, aseveró Mendoza.

“Este crimen de Estado tiene todas las características propias de este tipo de crímenes, ya que en la muerte de Lázaro hubo acciones y omisiones antijurídicas, típicas, culpables y punibles e imputables a un Gobierno o sus dependencias, a representantes, funcionarios o autoridades, agentes y subalternos”.

Recordó que por la muerte de López Ramírez se presentaron denuncias penales y administrativas, las cuales no se investigaron.

“Hoy el crimen de Estado en contra de Lázaro Joaquín López Ramírez se sigue cometiendo como acto continuado; hoy Lázaro “descansa” esperando encontrar algún día justicia en una tumba prestada esperando que la Fiscalía termine al menos para con él, la gran farsa de la que sigue siendo objeto y le permita a la familia cremar su cuerpo y llevarlo por fin a casa en la ciudad de México de donde fue originario y cuyo único gran pecado fue el haber querido servir con su gran talento a la sociedad chihuahuense”, expuso Mendoza.