Eligen hoy al nuevo presidente de la SCJN

. - Expertos en el tema consideran que el ministro Javier Laynez Potisek incrementó sus posibilidades de llegar al cargo, pues consideran que él podría unir el trabajo de los dos grupos que se perciben confrontados.

Entre los desafíos de la Corte para este año que comienza, destaca la protección de los derechos y libertades fundamentales, consolidar la independencia del poder Judicial y la confianza ciudadana en la justicia federal, así como implementar la reforma judicial, y la transparencia procesal.

Los candidatos para suceder a Arturo Zaldívar, quien concluyó ayer su periodo constitucional de cuatro años en el cargo, son, en estricto orden alfabético: Yasmín Esquivel Mossa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Piña Hernández.

Durante los últimos meses, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena y la ministra Esquivel Mossa, fueron considerados como los candidatos más fuertes a presidir la Corte; sin embargo, ante la controversia pública desatada el 21 de noviembre pasado, cuando la ministra fue señalada de cometer plagio en su tesis de licenciatura y luego de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador se refirió al Ortiz Mena como el aspirante más rico y el candidato de los grupos conservadores, expertos en el tema consideran que el ministro Laynez Potisek incrementó sus posibilidades de llegar al cargo, pues consideran que él podría unir el trabajo de los dos grupos que se perciben confrontados.

En 2019, Esquivel Mossa fue propuesta como ministra por el presidente Andrés Manuel López Obrador; el expresidente Felipe Calderón Hinojosa propuso, en 2012, a Gutiérrez Ortiz Mena.

Laynez Potisek y Piña Hernández fueron propuestos, en 2015, como ministros por el expresidente Enrique Peña Nieto, mientras que Pérez Dayán llegó a la Corte en 2012, a propuesta del exmandatario Calderón Hinojosa.

La lista de temas pendientes de resolución en la Corte incluye, entre otros, los relacionados con las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o amparos promovidos contra la Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional del Registro de Detenciones, Ley de la Fiscalía General de la República y reformas secundarias en materia eléctrica.

Así como los recursos jurisdiccionales por los que fueron impugnados los cambios legales para reducción salarial en órganos autónomos, el incumplimiento presidencial para nombrar comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cambios a la legislación reglamentaria para la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), modificaciones por las que se extinguieron los fideicomisos y sobre el nuevo etiquetado nutrimental.

A finales de noviembre pasado, 41 organizaciones y personas de la sociedad civil dirigieron una carta a los ministros por la que expresaron sus “inquietudes’’ respecto a la designación del nuevo presidente de la Corte por considerar que “es de la mayor importancia para la impartición de justicia y la consolidación de México como un Estado constitucional”.

Mediante el escrito signado por Fundación para la Justicia, Justicia Transicional en México, Causa en Común, México Evalúa, Instituto de Justicia Procesal Penal, Pablo Girault y la organización internacional Fundación para el Debido Proceso, entre otras, urgieron a transparentar el proceso de elección.