Ciudad Juárez. – Como resultado de una serie de mesas de análisis en las que participaron 300 instituciones del país, se emitió un decálogo para frenar la violencia en contra de la migración en el país.
Bajo el título de:
DIEZ MEDIDAS URGENTES DECÁLOGO PARA LA MIGRACIÓN SEGURA, ORDENADA Y HUMANA EN MÉXICO,
Miembros de la asociación “Vía Democrática Activa de Chihuahua A.C”, dieron a conocer el decálogo, que según dijeron, el próximo viernes se presentara ante miembros del Congreso de la Unión para su análisis y posible modificación a algunas de las leyes ya existentes en lo que a la protección de los migrantes se refiere.
Rafael Navarro, indicó que la violencia en contra de los migrantes es algo institucional, y que esta fue la razón por la cual 300 Organizaciones de la Sociedad Civil, se reunieron periódicamente para revisar la problemática, y establecer algunas propuestas que mejoren su tránsito por el territorio mexicano.
Agregó que de ahí que este documento recoge su experiencia, conocimiento e interés por avanzar en la transformación de la política migratoria del país.
Como medidas emergentes ante la situación que enfrenta el país, se propone el siguiente decálogo:
- – Reformar la Ley de migración para evitar la detención de más de 36 horas de las personas en movilidad. La detención en contexto de movilidad debe ser una medida excepcional.
1.1. – Evitar detenciones de más de 36 horas, tal como lo establece el artículo 21 de la Constitución Mexicana; obligación, que además ha sido recientemente reconocida y resaltada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello, es necesario impulsar las reformas necesarias a la Ley de Migración, particularmente en su artículo 111, para cumplir con lo mandatado por la Ley Suprema.
- – Transformación, equipamiento y mejora de las 56 estaciones migratorias [1], permanentes y provisionales, de acuerdo con sus necesidades y flujos, para transitar a centros integrales de apoyo al migrante.
2.1. – Revisar, poner en marcha y fortalecer alternativas a la detención migrante, en condiciones dignas y de seguridad.
2.2. – Fortalecer procesos de capacitación en materia de proximidad social, perspectiva de género e infancia, atención a poblaciones vulnerables, así como revisión de protocolos de atención, uso proporcional de la fuerza y protección civil para todas las instancias y funcionarios relacionados con el tema de la migración.
En México existen 35 estaciones migratorias y 23 estancias provisionales ubicadas en 26 entidades federativas, lo cual se traduce en una capacidad total para albergar a 4,300 personas simultáneamente.
2.3. – Impulsar cambios sustantivos en las dinámicas dentro de los centros integrales de apoyo (hoy estaciones migratorias), considerando que los migrantes no son delincuentes. Revisión de los protocolos de atención y seguimiento, con perspectiva de derechos humanos, interculturalidad, empatía e integración social.
2.4. – Impulsar el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para contar con protección de servicio federal y no empresas privadas en estas estaciones.
2.5. – Poner en marcha, a través de la contraloría interna, de un programa especial para el seguimiento de estos centros, que considere la revisión periódica y aleatoria a fin de verificar su correcto funcionamiento, siguiendo los principios fundamentales de no discriminación, participación-inclusión y responsabilidad.[2] Asimismo, identificación de áreas sensibles a la corrupción, así como contar con mecanismos de investigación internos eficaces y eficientes.
2.6. – Fomento de la presencia y participación de organizaciones y grupos de apoyo a personas en movilidad, tanto de sociedad civil como de organismos internacionales.
- – Profesionalización y campañas de concientización y sensibilización para la no discriminación a la población migrante.
3.1. – Implementar de campañas en alianza con medios de comunicación y actores estratégicos, dirigidas a los tres niveles de gobierno, el sector privado y la población en general, particularmente en las fronteras y sitios de mayor presencia de personas en situación de movilidad.
- – Migración y derechos humanos. Mejoramiento de la Gobernanza basada en los Derechos Humanos de la Migración Internacional, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2012, disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/MigrationHR_improvin gHR_ReporSPt.pdf, p.. 32. 5 4. Brigadas móviles de atención integral en los puntos de mayor concentración migrante.
4.1. – Contar con un sistema de referencia y contra referencia en materia de atención médica, salud mental, asesoría jurídica migratoria, contacto familiar y redes de apoyo.
4.2. – A través de los módulos móviles, brindar una atención amplia e integral a la población migrante, para atender de manera focalizada, cercana y empática sus necesidades más apremiantes. Se trata de atender la migración desde el paradigma de la protección a los derechos humanos y la ayuda humanitaria.
4.3. – Considerar la perspectiva de género e infancia, las cuales serán de atención prioritaria, en las unidades familiares, a fin de garantizar que la niñez migrante y mujeres migrantes tengan protección integral, acceso a la salud, educación y participación.
4.4. – Considerar a grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas integrantes de los colectivos LGBTTTIQ+, afrodescendientes, adultos mayores, o personas con alguna discapacidad.
- – Fortalecer y mejorar la información, guía y apoyo a los migrantes.
5.1. – Poner en marcha de una plataforma electrónica/centro de atención telefónica de vocación informativa y de atención en línea, que se mantenga actualizada y que, por región, pueda ayudar a los migrantes a conocer más acerca de la oferta, programas y apoyos que hay en cada sitio.
5.2. – Establecer puntos de acceso gratuito de internet, equipos, información y guía de programas especiales o políticas y papeleo de interés, especialmente en zonas prioritarias.
5.3. – Desarrollar un sistema de información para la recopilación y análisis de datos que permita identificar las principales necesidades de la población migrante.
- – Priorizar y fortalecer la atención de niñez migrante no acompañada y a las unidades familiares en movilidad. Derivado de la reforma a la Ley de Migración y a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en materia de infancia migrante. Es fundamental la coordinación y el seguimiento y revisión de las estancias de los sistemas DIF, tanto a nivel estatal como federal, para la atención adecuada del reto que representa la migración de niños y jóvenes.
6.1. – Crear el Mecanismo Transnacional de Protección Integral para la Niñez Migrante, Refugiada y sus Familias.[3]
6.2. – Impulsar el cumplimiento cabal de lo establecido en la ley y, en especial, a lo relacionado con el decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en materia de Infancia Migrante de 2020.
6.3. – Garantizar el flujo de recursos necesarios. El Congreso de la Unión deberá destinar los recursos necesarios para la operación de los Centros de Asistencia Social, así como para el funcionamiento de las Procuradurías de Protección, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento. Las partidas presupuestales deberán incluirse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del Decreto antes señalado, así como en los presupuestos sucesivos.
6.4. – En coordinación con la CIDH y el Instituto Interamericano del Niño, ambas instancias de la OEA. Definido sobre la Opinión Consultiva 21 de la Corte Interamericana y los informes de la CIDH relativos a la niñez migrante. 6.4 Crear un grupo especial de seguimiento y evaluación para el correcto cumplimiento de estas políticas y presupuestos que considere, además, poner en marcha una comisión especial en el marco del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
- – Implementar un Modelo colaborativo de gestión migratoria, inteligente y humano.
7.1 Fortalecer un esquema integral y transversal de coordinación que involucre a instituciones nacionales e internacionales y establezca alianzas con la sociedad civil. Lo anterior, para sentar las bases de una política de interculturalidad e inclusión en México, que considere que los procesos de incorporación social, económica y cultural de la población migrante en igualdad de condiciones, deberes y derechos.
7.2. – Fortalecer la capacidad del Estado, particularmente de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y aliados para facilitar, agilizar y mejorar los procesos de refugio en México en ambos puntos de la frontera de nuestro país, particularmente en estados del norte del país, así como en sus oficinas centrales.
7.3. – Autorizar a personas migrantes que tengan familia en otros estados, para que puedan continuar con sus procesos y trámites en esos sitios.
7.4. – Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema y firmar convenios de colaboración con el sector privado, bancos, organismos internacionales y con gobiernos de los tres niveles.
7.5. – En situaciones de emergencia y de llegada o tránsito de contingentes numerosos, establecer espacios territoriales definidos de manera temporal, con el objeto de albergar, informar y apoyar a la población en movilidad, de acuerdo con sus necesidades.
7.6. – Crear el Tribunal Administrativo Migratorio, como instancia desconcentrada y autónoma especializada en administración migratoria que revise los resolutivos de la autoridad migratoria, dando garantías al debido proceso.
7.7. – Aprovechar experiencias de la OIM y el ACNUR, para promover flujos ordenados, regulares, seguros y planificados de trabajadores migrantes y sus familias.
7.8. – Homologar políticas de visados, principalmente con los Estados Unidos de América y Guatemala, para facilitar procesos de visados regionales.
7.9. – Impulsar y fortalecer el trabajo colaborativo regional y con instancias consulares de los países de origen. Realizar mesas de trabajo y poner en marcha una plataforma permanente entre los países de origen y México, para atender de manera urgente y prioritaria a la población que requiera atención consular. Paralelamente, generar estrategias de contención desde los países de origen y brindar la atención necesaria a la población que ya se encuentra en territorio mexicano.
- – Lucha contra la corrupción y protección de la población migrante frente al crimen organizado.
8.1. – Establecer un eje de trabajo prioritario en la Conferencia Nacional de Fiscalías de investigación de la corrupción y redes de criminalidad en las rutas migratorias, además de establecer mecanismos para facilitar los testimonios de personas migrantes y protección a su integridad durante el proceso.
- – Implementar estrategias y acciones adhoc en contra del tráfico de personas. 9.1 Fortalecer y referir casos a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Fiscalía General de la República.
9.2. – Fomentar y fortalecer el intercambio de información e inteligencia transnacional para el desmantelamiento de redes de tráfico de personas.
9.3. – Instalar y fortalecer la operación de módulos de la FGR y CNDH, especializados de atención y protección de los derechos de migrantes.
9.4. – Promover y fomentar, de la mano con instancias de procuración de justicia y protección de los derechos humanos de las personas en movilidad, la puesta en marcha de módulos especializados de atención para la información, protección, denuncia e investigación de delitos cometidos en contra de migrantes. Asimismo, la CNDH e instancias afines deben poner en marcha esquemas colaborativos de trabajo y presencia permanente en campo, con esfuerzos adicionales en los sitios en donde se encuentren contingentes importantes de migrantes.
- – Replantear acuerdos relacionados con la migración en el marco de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
10.1. – Reconsiderar los acuerdos por medio de los cuales México acepta las deportaciones vía Título 42, de personas de 7 países. Política que, entre otras cosas, afecta de manera importante a aquellos que tienen un eventual caso de asilo o de refugio en Estados Unidos, al impedir que se haga un correcto análisis del mérito y condiciones de las personas.
10.2. – Exigir recursos bilaterales del Acuerdo Bicentenario para organizaciones de la sociedad civil, religiosas y gobiernos locales en la franja fronteriza e impulsar vías legales de la migración con compromisos claros para ambos países.
10.3. – Poner en marcha medidas complementarias, al tiempo de ampliar las vías



