POR: VÍCTOR REYES GLORIA
CIUDAD JUÁREZ.- En relación con la declaración de la dirigente de la Asociación de Agentes Aduanales, Nora Elena Yú, debo manifestar que dicha asociación parece dar un paso al frente a favor de los juarenses para facilitarles la regularización de sus vehículos a un costo que tiende a beneficiarlos reduciendo al mínimo posible dicho gasto.
Veíamos hoy que igualmente parece caminar en coordinación con la autoridad municipal al señalar en el listado de los gastos a cubrir por la regularización, no solamente lo relativo a los honorarios a causar por el servicio de las agencias aduanales que ella dirige, sino hablando de paso de los costos relativos a la verificación vehicular para la expedición del engomado ecológico que es facultad y competencia exclusiva de la autoridad municipal. Ello habla de que seguramente ya se está dando esa coordinación entre ambas entidades para beneficio, finalmente, de los ciudadanos.
De igual manera cabe destacar que la propia autoridad municipal seguramente estará dando los pasos necesarios para facilitar a los propietarios de vehículos la expedición de una constancia con la suficiente validez oficial para que acrediten la estancia en el país de sus vehículos desde una fecha anterior a la exigida por el propio decreto de regularización, que de inicio se fijó en antes de octubre del 2021.
Esto es, aparte de que la autoridad municipal puede expedir, y de hecho expide Cartas de Residencia a los solicitantes que lo demuestren, de la misma forma deberá poder expedirles Constancias de que el vehículo se encuentra en el país desde fecha anterior a la señalada en el Decreto de Regularización, mediante la recepción de una llamada Información Testimonial en la que al menos dos testigos puedan rendir testimonio bajo protesta de decir verdad y apercibidos de las penas a las que se pueden hacer acreedores quienes declaren con falsedad ante autoridad diferente a la judicial. Con ello el propietario que busca regularizar su unidad podría demostrar la estancia de su vehículo en el país. De esa manera y a un bajo costo le evitará al ciudadano el gasto que le significaría acudir para dicho trámite ante un Notario Público o ante un juzgado de lo civil para obtener dicha constancia.
De paso, la autoridad municipal facilitaría los trámites a los ciudadanos y con los módulos que tiene distribuidos a lo largo de la ciudad acercaría sus servicios a la población. Y es que es obligado destacar que esas atribuciones sí las podría ejercitar dicha autoridad y no los agentes aduanales que no están dotados de dichas competencias.
Y es que no basta una mera declaración unilateral de parte de un ciudadano para dotar de validez un trámite de esa naturaleza, pues las declaraciones bajo protesta de decir verdad se hacen ante una autoridad competente, administrativa o judicial y no ante una persona física o moral que no esté dotada de facultades para recibir dichas declaraciones.
Lo anterior dotaría de certeza y validez jurídica a dichos actos. Por ello es que ahora vemos con agrado que es un buen comienzo el que se demuestre tanto por la dirigente de los agentes aduanales y seguramente por el propio presidente municipal, que se está trabajando coordinadamente en este tema para bien de tantos propietarios que serán los beneficiados a final de cuentas.
Por supuesto que debemos estar al pendiente de que en esto no se den engaños y fraudes a la población como ya ha advertido Nora Elena Yú, alertando a la población a no caer en manos de personas que ofrezcan regularizar sus automotores sin estar facultados para realizar ninguno de los trámites y servicios o requisitos indispensables para lograr nacionalizar sus vehículos.



