Víctor Manuel Reyes Gloria
26 de octubre de 2023
Ciudad Juárez. – En varias ocasiones he señalado lo que a mi parecer son fallas, errores, ineficiencias, indolencia y abiertos actos de corrupción y una serie de eventos deleznables que existen en nuestro sistema judicial estatal. Por supuesto que esos señalamientos han provocado reacciones de molestia y de revanchas por parte de algunos malos servidores judiciales; por fortuna de los menos. El resto, a la callada, reconoce que lo expuesto es una inocultable verdad, pero no lo hacen abiertamente pues saben que esas revanchas seguramente les alcanzarán en su momento.
No obstante lo señalado, es obligado también hacer mención de las irrespetuosas y groseras condiciones bajo las cuales se les tiene laborando a los servidores y funcionarios de esa rama de la administración del Estado, pues existe una serie de limitaciones que hace casi imposible la prestación de la que debiera ser la más importante función de gobierno en cualquier democracia.
En materia de tribunales de lo civil y de lo familiar asentados en esta frontera, son lamentables las condiciones de la infraestructura con que se cuenta, nada comparada con el impresionante edificio existente en la capital del Estado al servicio de los capitalinos.
Mientras en Chihuahua capital se cuenta con un enorme edificio de varias y espaciosas plantas, en esta ciudad la característica principal es el deplorable hacinamiento en que se encuentran prestando sus servicios los empleados todos del mismo poder judicial; desde el archivista hasta el más encumbrado magistrado; desde los guardias de seguridad utilizados por sus superiores como mandaderos, cadeneros y vigilantes de estacionamientos que permiten utilizar a influyentes funcionarios los espacios reservados por ley a los discapacitados tan sólo por contar con “charola”, hasta los empleados de intendencia.
Tener acceso hoy a determinados juzgados es adentrarse en una aventura extrema que lo lleva a sortear decenas de expedientes en trámite convertidos en obstáculos que impiden el libre tránsito por esos vericuetos por falta de espacio en dónde archivar los mismos. Algunos de estos tribunales serían sin duda la envidia de Dédalo pues los laberintos actuales hacen recordar la necesidad de un hilo como el de Ariadna para encontrar la salida.
Todo lo anterior resulta en una difícil, lenta y en ocasiones omisa prestación del servicio que queda mucho a deber a los justiciables y por supuesto a los abogados litigantes que a su vez se ven perjudicados y deben sortear los reclamos de los clientes que se resisten a entender las razones de la lentitud con que se tramitan sus asuntos.
¿A qué se debe tal diferencia en las condiciones con que se trata al poder judicial? Por donde se le vea, hay un evidente trato desigual para los iguales; aquellos de la capital del Estado en un confortable ambiente y los fronterizos amontonados sin contar ni tan siquiera con un estacionamiento suficiente dadas las diversas oficinas que componen los edificios con que se cuenta. Los usuarios, por lo tanto, se ven obligados a pagar por estacionar sus vehículos en espacios retirados de dichos edificios con el riesgo de presentarse con retraso incluso a sus audiencias.
Acaso sigue prevaleciendo para los capitalinos la idea de que los juarenses en general somos de segunda clase y por tanto no merecemos ser tratados con respeto y sin discriminación. Raro en un Poder que se supone debe velar por el respeto a los derechos humanos acorde a lo previsto en el artículo primero constitucional que señala la prohibición a discriminación derivada de cualquier razón.
Es entendible la triste sumisión a que se ven obligados los funcionarios, pues tienen claro que aquellos que reclamen se verán perseguidos por atreverse a exigir mejores condiciones para prestar sus servicios y protestar por las circunstancias vigentes que hacen imposible en ocasiones su labor.
No es de sorprender que las direcciones de Protección Civil se hagan de la vista gorda siendo parte del mismo andamiaje burocrático de gobierno, pues la infraestructura actual no aprobaría en manera alguna el más mínimo test en dicha materia y, por el contrario, se verían obligadas a la inmediata clausura de los edificios por no contar con medidas de seguridad acordes con la legislación estatal aplicable al respecto.
Al verse reducida la capacidad en la prestación del servicio, por supuesto que ello repercute en la propia prestación de los servicios de los abogados mismos quienes tampoco se arriesgan a elevar la voz sabedores también de las seguras represalias a las que se exponen.
¿Quién atenderá esa discriminatoria desigualdad si no se advierte voluntad de hacerlo por parte del Tribunal Superior de Justicia?



