Es histórica la sanción a ex tesorero de la administración de Armando Cabada

. – Las funciones para las cuales fueron contratados los despachos Certus Aplicaciones Digitales, S.A de CV 249, 500, y Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret eran facultades y obligaciones del propio tesorero municipal.

Ciudad Juárez. – La Auditoría Superior del Estado (ASE) ha logrado una sentencia emitida de inhabilitación por 10 años para Gerardo Ronquillo Chávez quien fungió como tesorero del municipio de Juárez durante la administración de Armando Cabada Alvídrez.
Es Gerardo Ronquillo el primer funcionario municipal de primer nivel en recibir una inhabilitación de esta magnitud.

Esta medida, emitida por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), responde a una acreditación de desvío de recursos debido a la contratación simultánea de dos particulares para realizar funciones propias de su cargo.
Las funciones para las cuales fueron contratados los despachos Certus Aplicaciones Digitales, S.A de CV 249, 500, y Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret eran facultades y obligaciones del propio tesorero municipal, por lo que su contratación resultó innecesaria y fuera de lugar.
la contratación no cumplió con los requisitos legales establecidos, lo que agravó la falta administrativa. Estas precisiones fueron sustentadas por la ASE en su informe de auditoría y en el expediente presentado al TEJA, culminando en la histórica sentencia de inhabilitación.

Este acontecimiento refuerza la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, aspectos fundamentales para recuperar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
La resolución fue notificada esta semana a la ASE, luego de que el Pleno del TEJA determinara la existencia de una responsabilidad administrativa grave cometida por el exfuncionario en el ejercicio 2019.
Durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, la ASE detectó irregularidades en la contratación de dos despachos para gestionar la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ante la Secretaría de Hacienda estatal.
Según la auditoría, no era necesario realizar ningún procedimiento adicional para obtener dicha devolución, lo que puso en evidencia el desvío de recursos.